El Pleno de la Corporación santiaguesa, en sesión extraordinaria, dio luz verde esta tarde de forma inicial al proyecto de la Ordenanza que regula la comunicación al Ayuntamiento de Santiago de Compostela de los usos de hospedaje asimilados la vivienda con los votos a favor del grupo de gobierno (BNG y CA) y del grupo socialista y el voto en contra del grupo popular. Con esta regulación se pretende impulsar el uso residencial del parque disponible, para facilitar el acceso a la vivienda «digna y adecuada».
La ordenanza incluye dos usos: el alquiler turístico de la vivienda por tiempo limitado, con un máximo de 60 días al año, siempre que sea también el lugar de residencia habitual de una persona física – entendido como lugar en el que reside la persona durante un período superior a 183 días al año-, y también el alquiler turístico de determinados cuartos o estancias en la propia vivienda habitual. En el caso del alquiler turístico por habitación, aunque se recoge en la ordenanza municipal, tendría que ser permitido expresamente en la normativa de turismo de Galicia -actualmente está prohibido en el Decreto 12/2017-.
El expediente se someterá ahora a un trámite de información pública y audiencia de 30 días hábiles. De no haber alegatos a la norma, se entenderá definitivamente aprobada; si hay alegatos, deberá resolverlos el Pleno y aprobar definitivamente la ordenanza.
Este texto solo regula el procedimiento de comunicación de usos asimilados al de vivienda y que en ningún caso entra a regular o regularizar usos preexistentes a los establecidos en el planeamiento vigente. En este sentido aclaró que los informes jurídicos concluyen que a estas alturas no es posible legalizar actividades preexistentes a la modificación del PXOM que no fueran expresamente tratados en una disposición de la propia norma en aquel momento. Tanto la regidora como el concejal agradecieron el apoyo del grupo municipal socialista, ya que después de un fin de semana de tensiones, los seis ediles se plantaron y votaron ‘sí’ en lugar de abstenerse, que fue lo que les ordenó la dirección local del PSOE, lo que hubiese permitido a la mayoría del PP tumbar una norma que evita regularizar cientos de pisos que llevan años operando en la alegalidad.
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