El servicio de asesoramiento jurídico de COGAMI, dirigido a personas con discapacidad, sus familias y entidades del ámbito social de la discapacidad, realizó un total de 412 intervenciones durante el último período, de las cuales 400 fueron gestiones, recursos y consultas directas, y 12 intervenciones especializadas relacionadas con situaciones de vulneración de derechos o demandas complejas.

De todas estas intervenciones, destacan las 47 reclamaciones previas presentadas contra resoluciones administrativas referidas al grado de discapacidad, tanto en su valoración inicial como en revisiones, así como al grado de dependencia u otras prestaciones. La publicación y entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad el 20/04/2023 generó una importante incertidumbre, ya que, aunque las expectativas eran positivas, en la práctica dejó sin reconocimiento la realidad de muchas personas con discapacidad. A esto se sumó el aumento de los retrasos, ya existentes en años anteriores, y la ampliación del plazo máximo de resolución a 6 meses según la normativa estatal, frente a los 3 meses indicados en la normativa autonómica previa, que ya se veían superados con demoras medias de entre 1 y 2 años.

Este servicio, que forma parte del área Jurídica de COGAMI, está atendido por dos profesionales licenciadas en Derecho y cuenta con financiación procedente del 0,7 % del IRPF de las personas contribuyentes que marcaron la casilla 106 de la declaración de la renta, la Consellería de Política Social, además de Agentes de Empleo y el convenio APDF. El objetivo principal de este programa es informar, asesorar y defender los derechos de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a la información y la igualdad de oportunidades.