La compañía energética HATTA Energy ha presentado un ambicioso plan de inversión con el objetivo de transformar Galicia en un polo estratégico para la producción de biodiésel en Europa. El anuncio se realizó durante un encuentro informativo celebrado en Santiago de Compostela, en el que la empresa también abordó el contexto regulatorio actual del sector.

Según explicó el consejero delegado de la compañía, Javier Alonso, la apuesta por Galicia busca situar a la comunidad como un referente energético tanto para España como para la Unión Europea en un momento marcado por la volatilidad del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas internacionales. “Nuestra apuesta por Galicia es firme: queremos transformar la región en un polo energético de carácter estratégico no sólo para España, sino también para la Unión Europea”, señaló.

La empresa destacó además su peso económico en la región. Según datos de la compañía, ha aportado más de 600 millones de euros en concepto de IVA a las arcas públicas, lo que refleja el impacto económico de su actividad en el territorio. Alonso subrayó que el objetivo del grupo no se limita a la inversión industrial, sino también a impulsar el tejido socioeconómico gallego mediante la generación de empleo, el desarrollo de oportunidades en el medio rural y la atracción de talento cualificado.

En el sector energético español, HATTA Energy es considerada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como un “operador principal” dentro del mercado de distribución de combustibles, un ámbito considerado estratégico para la economía del país.

No obstante, la compañía advirtió de que la ejecución de su plan de inversión depende de que obtenga la condición de “operador confiable” por parte de la Agencia Tributaria en Galicia. Según explicó la empresa, esta acreditación aún no ha sido resuelta pese a que asegura cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa, lo que podría retrasar el desarrollo de sus proyectos en la comunidad.

Ante esta situación, la compañía ha presentado un escrito ante la Comisión Europea en el que denuncia que el actual sistema regulatorio español podría estar limitando la libre competencia en el sector de los hidrocarburos. El documento fue remitido a distintas áreas del Ejecutivo comunitario, entre ellas la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, la Dirección General de Competencia y la Dirección General de Mercado Interior.

En su comunicación, la empresa cuestiona el régimen de garantías del 110% del IVA que se exige a los operadores que no cuentan con la condición de “operador confiable”. A su juicio, este requisito puede generar efectos restrictivos incompatibles con el derecho comunitario, al imponer una elevada carga financiera a determinadas empresas sin un análisis individualizado del riesgo.

La compañía sostiene además que la obligación de inmovilizar recursos financieros de gran magnitud puede convertirse en una barrera indirecta a la libre circulación de mercancías y capitales dentro del mercado europeo, especialmente en las operaciones intracomunitarias, además de afectar a la libertad de establecimiento de las empresas.

Asimismo, el escrito alerta de una posible distorsión de la competencia en el sector, ya que la diferencia de condiciones entre operadores exonerados y no exonerados de esta garantía podría favorecer la concentración del mercado y tener consecuencias sobre los precios y los consumidores.

En este contexto, HATTA Energy ha solicitado a la Comisión Europea que analice la compatibilidad del régimen español de garantías del IVA en hidrocarburos con el derecho de la Unión Europea y que recabe información al Gobierno de España sobre su aplicación práctica y sus efectos económicos y competitivos.

La compañía subraya en su escrito que su iniciativa no busca cuestionar la lucha contra el fraude fiscal, sino garantizar que las medidas adoptadas para combatirlo sean compatibles con el funcionamiento del mercado interior europeo. Según defiende, un sistema antifraude eficaz debe ser sólido, pero también respetar los principios de neutralidad del IVA y de libre competencia para evitar distorsiones en el mercado.