La energética Hatta Energy, una de las principales operadoras mayoristas de carburantes del mercado español, situada en el cuarto puesto a nivel nacional y con un peso decisivo en Galicia, se enfrenta desde esta semana a un “bloqueo operativo” que, según advierten fuentes de la compañía, “compromete la continuidad normal de su actividad”.
El origen del problema está en la entrada en vigor de una nueva exigencia fiscal que obliga a determinados operadores a adelantar el 110% del IVA en cada operación si no han sido calificados como “operadores confiables” por la Agencia Tributaria.
En el caso de Hatta Energy, la falta de una resolución administrativa expresa por parte de la delegación de la Agencia Tributaria estatal en Galicia ha activado automáticamente ese régimen, una situación que la empresa califica de “financieramente inasumible” para una operadora con “cerca de mil operaciones diarias” y “miles de movimientos logísticos”, y que, según la compañía, puede tener efectos directos sobre el suministro y el funcionamiento del mercado mayorista de carburantes, pese a haber sido reconocida hace apenas dos meses por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como operador relevante del sector.

Desde la compañía explican que esta situación les sitúa en un escenario de incertidumbre operativa inmediata, al no poder planificar su actividad en las mismas condiciones que el resto del mercado mientras no exista una resolución administrativa. Según fuentes de Hatta Energy, la empresa se encuentra a la espera de una respuesta formal que determine si puede seguir operando con normalidad bajo el nuevo marco fiscal o si debe asumir un régimen que, aseguran, altera de forma sustancial su funcionamiento diario. “El problema no es una decisión negativa, sino la ausencia de cualquier decisión”, subrayan.

La nueva exigencia fiscal y el control del IVA en los hidrocarburos
La nueva exigencia fiscal que ha entrado en vigor a comienzos de este año forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Agencia Tributaria para reforzar el control del IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los ámbitos históricamente más expuestos a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre operadores considerados “confiables” y aquellos que no cuentan con esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar el cobro del impuesto.
En la práctica, el cambio central de la normativa es la obligación de adelantar el 110% del IVA correspondiente a cada operación de venta de carburantes para los operadores que no hayan sido reconocidos como confiables. Ese adelanto puede realizarse mediante la constitución de una garantía que cubra ese porcentaje, calculada en función de la actividad reciente, o mediante el ingreso previo del impuesto en cada suministro, un trámite que debe ser validado por la Administración antes de que la operación pueda ejecutarse.
 La figura del “operador confiable” se concibe como un filtro administrativo. Sólo pueden acceder a ella las empresas que cumplen una serie de requisitos objetivos, entre ellos estar inscritas en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos ejercicios y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin adelantos ni garantías extraordinarias.
La normativa estableció un periodo transitorio para que las empresas solicitaran y obtuvieran esa calificación, plazo que concluía el 31 de enero, durante el cual la Administración debía analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores quedaban encuadrados en uno u otro régimen. Sin embargo, una vez vencido ese periodo, la ausencia de una resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no han sido formalmente reconocidos como confiables pasan a estar sujetos al sistema de adelanto del impuesto.

Desde el punto de vista del sector, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de carburantes funciona con márgenes ajustados y un elevado volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier adelanto fiscal en un factor crítico para la liquidez y la operativa. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reorganización del sector tras cambios regulatorios previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a las estaciones de servicio.
A este contexto se suma la implantación de nuevos procedimientos técnicos para el ingreso del IVA en el ámbito de los combustibles, que han requerido adaptaciones en los sistemas administrativos y bancarios. La combinación de mayores exigencias fiscales, plazos ajustados y cambios operativos ha generado un escenario de elevada presión para los operadores, especialmente para aquellos cuya situación administrativa no ha quedado definida dentro de los tiempos previstos.

Cómo la nueva exigencia fiscal impacta en Hatta Energy
La aplicación del nuevo marco fiscal sitúa a Hatta Energy en una posición que la empresa define como “crítica” para su operativa diaria. Según fuentes de la compañía, la falta de una resolución administrativa expresa les obliga, desde el momento en que vence el plazo establecido, a operar bajo el régimen más restrictivo previsto en la norma, con la consiguiente obligación de adelantar el IVA antes de ejecutar cada suministro. “El problema no es una inspección ni una denegación formal, es que no hay ninguna decisión”, subrayan.
Ese escenario tiene un impacto inmediato en la tesorería. La empresa explica que adelantar el 110% del IVA en cada operación supone inmovilizar cantidades muy elevadas de liquidez, pese a que el impuesto ya se liquida regularmente. Según sus estimaciones, el nuevo sistema les obligaría a adelantar entre 6 y 7 millones de euros adicionales al mes, sobre un volumen de IVA que ya supera los 60 millones mensuales.
“No es que no queramos pagar, es que estamos pagando antes de vender y pagando más como garantía”, resumen las mismas fuentes.
 La alternativa a ese adelanto, la constitución de una garantía global, tampoco resulta viable en su caso. Hatta Energy calcula que el aval exigido para cubrir el 110% del impuesto, tomando como referencia su volumen de actividad, rondaría los 150 millones de euros, una cifra que consideran desproporcionada y ajena a la lógica financiera del sector. “No hablamos de solvencia, sino de asumir un instrumento que bloquea recursos de forma permanente”, señalan.

Más allá del impacto financiero, la empresa alerta de las consecuencias
operativas. Hatta Energy realiza cerca de mil operaciones de suministro al día, un volumen que, según explica, hace incompatible su actividad con un sistema que exige autorizaciones previas y validaciones administrativas operación por operación.
“Cada carga se convierte en un trámite”, apuntan, advirtiendo de retrasos, incidencias y dificultades para atender con normalidad a las estaciones de servicio a las que abastecen.
La situación se agrava, según la compañía, por la asimetría con otros operadores del mercado. Mientras algunas grandes empresas ya han sido reconocidas como operadores confiables y pueden operar sin adelantos ni garantías extraordinarias, como Repsol, BP, Moeve o Saras, Hatta Energy permanece a la espera de una resolución. Fuentes cercanas a la empresa subrayan además que otros operadores con situaciones regulatorias más complejas sí han recibido ya una calificación administrativa. “Competimos en el mismo mercado, pero con reglas distintas”, señalan, considerando que esa diferencia introduce una pérdida clara de competitividad.
Desde la compañía insisten en que el problema no se limita a su estructura interna. Al abastecer a un número elevado de estaciones de servicio independientes, cualquier restricción en su capacidad de operar se traslada a la cadena de suministro. “Si no podemos trabajar con normalidad, el efecto se nota en las gasolineras y, en última instancia, en el cliente final”, advierten, subrayando que el impacto potencial va más allá de una sola empresa. Mientras no exista una resolución administrativa, añaden, su operativa diaria ya no puede desarrollarse en las mismas condiciones que hasta ahora.
A todo ello se suman, según relatan, dificultades técnicas añadidas. La implantación de nuevos procedimientos específicos para el pago del IVA en combustibles no estaría todavía plenamente operativa en los sistemas bancarios, lo que impide incluso generar con normalidad los justificantes de pago necesarios. “Incluso queriendo asumirlo de forma temporal, el circuito no funciona”, concluyen.

Una compañía con peso en el mercado y proyectos de inversión
Hatta Energy se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales actores del mercado mayorista de carburantes en España, con una posición destacada a nivel nacional. Su volumen de actividad la sitúa entre las mayores operadoras del país, la cuarta, y como uno de los proveedores clave de estaciones de servicio independientes.

La compañía señala además que su implantación no se limita a la actividad comercial. Según fuentes de la empresa, Hatta Energy estudia el desarrollo de proyectos e inversiones industriales vinculadas al biodiésel de segunda generación, apoyados en recursos de biomasa, que podrían traducirse en nuevas inversiones y creación de empleo en Galicia. En ese contexto, advierten, la actual incertidumbre administrativa no sólo condiciona su operativa presente, sino también decisiones estratégicas de futuro.