El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de licitar la contratación de la defensa jurídica con la que pretende reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la sanidad pública por las empresas del denominado cártel de los absorbentes para adultos que participaron en prácticas restrictivas de la competencia.

El objetivo es determinar cuánto dinero pudo pagar de más la sanidad gallega como consecuencia de unos precios pactados por las empresas del sector y reclamar su devolución. Según quedó acreditado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las compañías integrantes del cártel acordaron precios para los absorbentes de adultos financiados para pacientes que llegaron a situarse en torno al doble de los precios obtenidos posteriormente mediante las licitaciones públicas de las distintas comunidades autónomas.

La CNMC sancionó en 2016 con un total de 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos productos, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas por su participación en prácticas contrarias a la competencia.

Ante la gravedad de estas conductas y el posible impacto económico sobre las arcas públicas, el Gobierno gallego ha decidido actuar para proteger los recursos destinados a la sanidad de todos los gallegos. El Sergas ha realizado ya un análisis de la información disponible y ha identificado un gasto mínimo de 140,8 millones de euros entre 2004 y 2014 vinculado a las empresas integrantes del cártel.

A esta cantidad se suma una estimación de aproximadamente 153 millones de euros de gasto desde 1996 con el conjunto de las empresas implicadas, aunque en este periodo todavía no existe una desagregación por compañías. Será la prueba pericial incluida en el contrato la que permita completar esta información, delimitar el periodo afectado y calcular con precisión el eventual sobrecoste sufrido por la sanidad pública gallega.

Una reclamación para recuperar recursos públicos

Con carácter previo a la licitación, el Sergas encargó además a la Universidade de Santiago de Compostela un estudio preliminar para estimar el posible daño a partir de los datos disponibles. El análisis estableció distintos escenarios de daño potencial que servirán como base para concretar la reclamación.

Ahora, la defensa jurídica y la correspondiente prueba pericial deberán determinar el importe definitivo de los perjuicios y preparar la estrategia para exigir responsabilidades a las empresas implicadas. El procedimiento contempla todas las fases, tanto extrajudiciales como judiciales, incluyendo la preparación de pruebas, la presentación de escritos y los posibles recursos.

La iniciativa supone, en definitiva, un intento de que los costes de unas prácticas empresariales consideradas contrarias a la competencia no recaigan sobre los ciudadanos. La Xunta busca así defender el dinero público y reclamar para Galicia la compensación que corresponda por el perjuicio causado a su sistema sanitario.

Las empresas interesadas en hacerse cargo de la defensa jurídica podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de octubre.