El movimiento reivindicativo y la huelga de los abogados del turno de oficio se extiende por todo el territorio español, pero los profesionales gallegos van en cabeza en cuanto a medidas de presión. Ya han tramitado su baja en este servicio los abogados adscritos a los partidos judiciales de Lalín, A Estrada, Ourense y Corcubión. Ante la ausencia de respuestas satisfactorias a sus problemas, se prevé que la huelga continuará y se endurecerán las medidas de presión, pues tras las bajas de los primeros partidos judiciales, seguirán otras que ya se están preparando en partidos judiciales de toda Galicia, así como del resto de España.

Más de un año de reivindicaciones

Los abogados y procuradores que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, el conocido como “turno de oficio”, llevan un año de reivindicaciones, y en huelga desde el pasado 21 de noviembre de 2023. En el año 2023 se reconoció en Galicia el derecho a este servicio en 37.302 expedientes.
El servicio de asistencia jurídica gratuita es un derecho al que pueden acogerse todos los ciudadanos que no tengan medios económicos suficientes para la defensa de su situación ante los juzgados. Este servicio, que debe ser obligatoriamente prestado por la Administración, se tramita a través de los Colegios de Abogados y de Procuradores, que organizan a sus profesionales colegiados para cubrir esta asistencia; a través de sus colegios profesionales, en los que deben estar obligatoriamente inscritos, los abogados y procuradores vienen obligados a prestar este servicio público, aunque habitualmente se presentan suficientes voluntarios para realizarlo.

En el momento actual, esos profesionales voluntarios están dándose de baja, lo que provoca que sea imposible prestar el servicio. Debido a esto, los Colegios de Abogados se ven en la necesidad de dar de alta a todos sus colegiados y obligarlos a prestarlo. La prestación de la asistencia jurídica gratuita pasa de ser un servicio voluntario a un trabajo obligatorio para los abogados.
<<La base de las reivindicaciones es el maltrato sistemático que hemos venido padeciendo a pesar de que desarrollamos la actividad fundamental de defender a los ciudadanos que se encuentran en situación más vulnerable, y que, sin embargo, no tenemos la consideración ni el reconocimiento que de esta actividad se debería derivar, ni por parte de la Administración, ni por parte de los operadores jurídicos con los que debemos trabajar a diario>>explica Ana Camiño, una de las abogadas del turno de oficio implicadas en las protestas.
La Administración, que impone la obligación de prestar el servicio, es quien determina las actuaciones cuyo pago va a asumir, así como fija el importe que va a pagar por ellas; muchas actuaciones necesarias para la defensa del derecho del ciudadano no se incluyen entre los trabajos remunerados, y los importes que reciben los profesionales por los que sí están incluidos en los “baremos”, distan mucho de los precios de mercado, no alcanzando en muchas ocasiones ni siquiera el 20% de lo que pagaría un cliente particular por el mismo servicio; esta retribución se denomina “indemnización”, aunque los profesionales deben declararla a Hacienda como rendimiento de su actividad, con los impuestos que de ello se deriva.

<< Aunque parezca increíble, la Administración no asume ningún tipo de responsabilidad o gasto en la prestación de su servicio, no cotiza a la Seguridad Social por nosotros, ni contrata un seguro de accidentes o de responsabilidad civil que nos ampare, no reconoce la existencia de ningún tipo de relación administrativa con nosotros, a pesar de que estamos prestando un servicio público>> reivindica Ana Camiño.
No sólo la Administración no paga debidamente a los abogados y procuradores la realización de su trabajo, si no que encomienda la mayor parte de la tarea administrativa a los propios Colegios, que asumen el gasto directo de la misma y que tampoco son completamente retribuidos por la Administración, por lo que parte de dicha tarea habrá de pagarse con las cuotas de los colegiados, es decir, los propios profesionales que cubren el servicio con su trabajo, que cubren sus propios gastos para poder prestarlo, deben además pagar a quien realiza las tareas administrativas para la gestión de dicho servicio.
En Galicia la competencia sobre el servicio de asistencia jurídica gratuita está transferida a la Xunta de Galicia, siendo su responsable directo la Dirección General de Justicia. Los responsables políticos negocian las condiciones en que se presta este servicio directamente con los Colegios de Abogados y Procuradores, el Consello da Avogacía Galega y Consello Galego de Procuradores, instituciones que no apoyan las reivindicaciones y medidas adoptadas por lo profesionales de a pie, que son los que realmente prestan el servicio al ciudadano, por lo que éstas siguen sin ser atendidas.