El Ayuntamiento de A Coruña dará la próxima semana un nuevo paso en su intento de recuperar para el patrimonio público la Casa Cornide. El Gobierno municipal de la ciudad herculina llevará al pleno una propuesta para rechazar las alegaciones presentadas por la familia Franco y anular los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron la subasta y posterior adjudicación del inmueble.

La alcaldesa, Inés Rey, defendió este jueves que la Casa Cornide fue un bien público que terminó en manos de la familia del dictador Francisco Franco mediante una operación que, según sostiene el Ayuntamiento, estuvo diseñada para dotar de apariencia legal a una transmisión previamente condicionada.

La propuesta municipal contempla la anulación del acuerdo del 3 de julio de 1962, mediante el que se aprobó la enajenación de la propiedad municipal a través de una subasta, y del acuerdo del 2 de agosto de ese mismo año, que aprobó la adjudicación definitiva del inmueble a Pedro Barrié de la Maza.

El empresario coruñés, nombrado por el régimen franquista conde de Fenosa, adquirió la Casa Cornide por 305.000 pesetas. Apenas cuatro días después, la vendió a Carmen Polo, esposa de Francisco Franco.

Un procedimiento cuestionado por sus irregularidades

El Ayuntamiento fundamenta su posición, entre otros elementos, en dos informes elaborados por Carlos Aymerich, profesor de Derecho Público de la Universidade da Coruña, que analizan la legalidad del procedimiento seguido en 1962.

Según estos informes, en el proceso se produjeron diversas irregularidades que podrían determinar la nulidad de los acuerdos. Entre ellas figuran el incumplimiento del plazo de convocatoria del pleno del 2 de agosto, la falta de motivación de la urgencia y la inobservancia del plazo de alegaciones contra la adjudicación provisional.

Otro de los elementos señalados es la modificación de las condiciones de la propia subasta. El pliego establecía inicialmente que el adjudicatario no podría vender el inmueble durante diez años. Sin embargo, posteriormente el pleno permitió a Barrié de la Maza enajenarlo, lo que hizo posible su venta a Carmen Polo pocos días después.

Aymerich sostiene además que la operación de adquisición por parte de Carmen Polo estuvo afectada por una “simulación absoluta”, por lo que, según su interpretación jurídica, no habría adquirido la propiedad en condición de propietaria y tampoco sus herederos podrían haberla adquirido posteriormente por usucapión.

El informe también apunta a la posible vulneración de la Ley de 10 de diciembre de 1931, aprobada durante la Segunda República para limitar la enajenación de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico. De acuerdo con la interpretación recogida por el Ayuntamiento, la Casa Cornide estaba incluida en ese supuesto y su transmisión habría requerido una autorización administrativa que no se habría obtenido.
El Ayuntamiento considera que la operación benefició al dictador

La tesis municipal es que la sucesión de operaciones —la adquisición del inmueble por el Ayuntamiento, su posterior subasta, la adjudicación a Barrié de la Maza y la venta inmediata a Carmen Polo— formó parte de un “esquema orquestado” para que la Casa Cornide terminase en manos de Francisco Franco.

El argumento se apoya también en la situación jurídica del matrimonio entre Franco y Carmen Polo. Según el Ayuntamiento, aunque formalmente la compradora fue la esposa del dictador, el régimen económico matrimonial y la denominada licencia marital permitirían considerar que la operación beneficiaba realmente al jefe del Estado.

Aymerich considera, además, que la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento respondió a un interés distinto del estrictamente público y califica la operación de económicamente ruinosa para las arcas municipales.

El empresario pagó 305.000 pesetas por la propiedad en la subasta. Sin embargo, en 1964, cuando el inmueble ya estaba en manos de la familia Franco, el Ayuntamiento habría destinado más de 940.000 pesetas a obras de reconstrucción y reparación de la casa. A ello se suma, según la documentación municipal, el hecho de que la familia Franco no habría abonado los correspondientes impuestos municipales y que Carmen Polo pagó a Barrié de la Maza únicamente 25.000 pesetas por la adquisición.
Las alegaciones de la familia Franco, rechazadas

La propuesta que llegará al pleno también plantea rechazar las alegaciones formuladas por el nieto de Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiú.

El informe de Aymerich rebate los argumentos presentados por la familia y sostiene que no puede hablarse de una demora desleal por parte del Ayuntamiento en el inicio del procedimiento de revisión. El profesor de la UDC vincula esa actuación al momento en que el Consistorio tuvo acceso a documentación relevante y a la evolución de los procesos destinados a recuperar para el patrimonio público otros bienes relacionados con la dictadura.

Entre sus conclusiones, Aymerich afirma que una eventual donación encubierta de la Casa Cornide también sería susceptible de ser considerada nula y que las irregularidades detectadas en el procedimiento de subasta constituirían vicios de nulidad de pleno derecho.

No obstante, el informe establece una distinción importante respecto a las distintas operaciones. La revisión administrativa que ahora pretende aprobar el Ayuntamiento se centraría en declarar la nulidad de la subasta y de la posterior adjudicación a Pedro Barrié de la Maza. La eventual anulación de la compraventa posterior entre Barrié y Carmen Polo tendría que abordarse mediante una acción civil ante los tribunales.
Un inmueble protegido y abierto a visitas

La Casa Cornide, un edificio del siglo XVIII situado en la Ciudad Vieja de A Coruña, fue utilizada en el siglo XIX como sede del Ayuntamiento. En 1949 fue adquirida por el Ministerio de Educación por 339.000 pesetas y posteriormente se planteó su utilización para un conservatorio.

En 1962, sin embargo, el inmueble acabó saliendo a subasta y pasó por las manos de Barrié de la Maza antes de ser adquirido por Carmen Polo.

El Ayuntamiento inició en 2019 las primeras actuaciones políticas destinadas a recuperar la propiedad. Uno de los hitos posteriores fue su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, que obligó a facilitar el acceso público al inmueble.

Finalmente, la Casa Cornide comenzó a abrir sus puertas a visitas gratuitas, un hecho que el Gobierno municipal considera un avance dentro de un proceso que todavía tiene pendiente su recorrido judicial.

Una vez aprobado el acuerdo plenario, el siguiente paso será remitir todo el expediente al Consello Consultivo para su validación. Después, el Ayuntamiento deberá afrontar la vía judicial para tratar de conseguir la restitución efectiva del inmueble al patrimonio público.

La disputa por la titularidad de la Casa Cornide entra así en una nueva fase, más de seis décadas después de la operación que permitió que el inmueble abandonase el patrimonio municipal de la ciudad herculina.